"Portonazo" del royalty: Perú celebra fin de la industria minera en Chile
El pasado 3 de mayo la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de Royalty Minero que pretende establecer un gravamen del tres por ciento de la venta del cobre y litio. Se trata de un proyecto abiertamente ilegal, porque los parlamentarios no tienen atribuciones para generar tributos, pero también lo es porque, amparado en esto, el PC, a través del Diputado Daniel Núñez, ha intentado dejar sin efecto los contratos ya firmados con las empresas mineras. Pero, así y todo, la oposición no tuvo reparos en bailar la música del Partido comunista.
Por 78 votos a favor, 55 en contra y 4 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados despachó el proyecto, que según cálculos de la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco), llegará a cobrar hasta el 82% de las utilidades a los proyectos mineros. Si, leyó bien, 82%
El proyecto contó con el rechazo de parlamentarios que ven en esta idea una amenaza a la economía chilena, como lo expuso Juan Antonio Coloma (UDI), quien en medio de la intervención de los parlamentarios, indicó que interpondrá una Reserva de Constitucionalidad, pues es el Presidente de la República quien tiene iniciativa en materia tributaria y no la Cámara de Diputados.
Pero la izquierda sigue adelante en el torpe plan que significaría un riesgo de fuga de 70 mil millones de dólares según estimaciones gubernamentales, que están previstos en este rubro para los próximos años para el país y ya en otras naciones fronterizas empiezan a ver esta desacertada iniciativa tributaria como un aliciente para estimular su producción minera.
Perú es el segundo país del mundo en producción cuprífera después de Chile y está a pocos kilómetros donde se desarrolla la actividad de cientos de mineras en el sur del país. Por ello ya sacan cuentas respecto a lo ventajoso que sería para la nación inca que el proyecto de royalty siga avanzando.
Así se reflejó en un reportaje del diario Gestión, en el que se adelanta que una eventual promulgación de la moción parlamentaria les abre oportunidades.
Se destaca en el artículo el alto nivel de impuestos que pasarían a pagar las mineras en Chile, superando por lejos a Perú, lo que, a juicio de la Oficina de Investigación Geológica, 'evoca la posibilidad de ver partir a empresas mineras chilenas hacia el Perú'.
En la Cámara de Diputados, quienes se opusieron a la propuesta de los comunistas, estimaron que es inconstitucional e indicaron que se asfixiará a la minería, incluyendo otros minerales concesibles; y que con la alta tributación, que superará a la de otros países que explotan el cobre, las empresas mineras se irán de Chile y se afectará a miles de trabajadores que llevan sustento a sus familias.
Además algunos diputados oficialistas alegaron que las tasas no son las adecuadas y esto coincide con lo expresado por altos funcionarios de La Moneda.
Al respecto el Ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, enfatizó que este exagerado tributo va a generar un trancazo en la industria de la minería del que Chile va a sentir las consecuencias en muy corto plazo, y de lo cual le va a costar recuperarse porque la confianza es como la virtud: cuesta mucho conseguirla, pero muy poco perderla.
Precisó que los tributos totales que las mineras extranjeras deberán pagar en Chile serían del 82 por ciento de las utilidades antes de impuestos.
Chile pasaría a ser prácticamente un país en que las compañías tendrían que tributar el doble de lo que tributan en otros países con los que competimos para traer capital y para tener participación de mercado internacional en el cobre.
Este escenario, incluso fue condenado por Rodrigo Valdés ex ministro de Hacienda de la expresidenta Michelle Bachelet, quien deploró esta posible iniciativa calificando de expropiaciones la propuesta tributaria de royalty y alertando que, de aprobarse, dejará en muy mal pie al país frente a la comunidad internacional y los inversionistas.
Lo cierto es que sin emprendimiento privado, Antofagasta no existiría y este royalty lo único que hace es desincentivarlo y generar una fuga de capitales que es lo que ha sucedido en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua donde se ha perseguido a los inversionistas causando una irrefrenable fuga de capitales.