Nueva auditoría de Contraloría arrojó que 132 fallecidos habrían sido beneficiados por CONADI
Un oficio emitido por la Contraloría General de la República dio cuenta de distintos errores que involucran a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y que fueron calificados como graves por la entidad fiscalizadora. Lo anterior, en el marco de una auditoría realizada por la “compra de implementos de protección y alimentos para ayudar a los beneficiarios de los distintos programas sociales del servicio en razón de la emergencia sanitaria Covid-19”.
De acuerdo al informe emitido el 31 de diciembre de 2020, CONADI entregó ayuda a 1.500 personas que no figuran dentro del registro nacional indígena o como pertenecientes a alguna organización de este tipo. Además, se identificaron errores en la digitación de nombre y rut de los beneficiarios y a 132 personas fallecidas que también habrían sido beneficiadas.
Cabe mencionar que las faltas evidenciadas se categorizan dentro de dos grupos; “C: observación Compleja” y “AC: observación Altamente Compleja”. Fallas que deberán ser subsanadas e informadas a Contraloría en distintos plazos de acuerdo a la complejidad de cada una. En el caso de la observación que involucra a los beneficiarios que se encuentran fallecidos, Contraloría señala lo siguiente:
“La Corporación deberá incorporar en el procedimiento disciplinario que lleva en curso, conforme lo instruido anteriormente por este Órganismo de Control a través del oficio N° 5.076, de 2020, donde se comunico los primeros resultados de la auditoría 379-B, de igual año, tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados, debiendo remitir copia del acto administrativo a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía, de esta Contraloría General, en el plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, copia del acto administrativo que lo instruya.”, indica el informe.
Cabe mencionar que esta no sería la primera vez que CONADI se ve envuelta en una controversia de este tipo. El pasado octubre de 2020, el diputado Miguel Mellado (RN) en conjunto con otros parlamentarios, pidió a Contraloría pronunciarse sobre distintas irregularidades que involucrarían a ambas entidades, y por las que ya se había pedido al ente fiscalizador que realizara una auditación a CONADI con el fin de identificar bajo qué criterios se estarían comprando tierras para ser asignadas como terrenos indígenas.