Crece cuestionamiento a la integridad del SERVEL tras espaldarazo al régimen de Boric y filtración de datos de electores
En un contexto absolutamente crítico para el país debido a las transformaciones antidemocráticas que están llevando a cabo el régimen comunista instalado en La Moneda y la Convención Constitucional, la integridad del Servicio Electoral (SERVEL) es de la más absoluta importancia. Precisamente esa integridad está siendo fuertemente cuestionada tras dos episodios lamentables.
El primer episodio tuvo lugar el pasado jueves 28 de abril cuando el SERVEL, de forma absolutamente impropia, salió a través de su director, Andrés Tagle, a defender públicamente al régimen luego de que dos ministros, los ultraizquierdistas Camila Vallejo y Giorgio Jackson, usaran la plataforma de Instagram de la Vocería de Gobierno para hacer campaña a favor de la opción “apruebo” que permitiría establecer en Chile la constitución con tintes totalitarios que está siendo redactada por la Convención Constitucional. Ambos ministros siguieron la tónica que ya había planteado la ministra Izkia Siches, quien ya manifestó que el régimen no sería neutral frente al plebiscito del próximo 4 de septiembre, apoyando el eventual nuevo texto constitucional.
Con todo, cuando precisamente es el SERVEL el facultado para condenar este tipo de hechos que compromete la legitimidad del proceso democrático, Tagle indicó que Jackson y Vallejo no habían hecho propaganda. Indicó en concreto: "no constituye campaña electoral en esta etapa, donde se están discutiendo las normas, que autoridades del Gobierno, del Parlamento o de otros organismos autónomos opinen sobre esas normas, especialmente si son de competencia".
Para peor, un día antes, el miércoles 27 de abril, el SERVEL difundió erróneamente los datos personales de "todos los electores del padrón electoral de las elecciones realizadas en mayo del 2021, indicando, edad, sexo, comuna, afiliación al partido político, pueblo originario y la condición de haber o no votado en dicho proceso", a lo cual se suma nada más ni nada menos que el RUT de los votantes. Los datos corresponden a casi 15 millones de personas.
Por ello, el SERVEL abrió una investigación interna y una revisión exhaustiva de los procedimientos sobre tratamiento de los datos. Sin embargo, el daño ya está hecho y sigue afectando la imagen pública de esta entidad que se supone aún un baluarte de la imparcialidad y el republicanismo, lo cual con estas imprudencias pareciera ponerse en jaque.
El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, calificó el hecho de "sumamente grave" e indicó: "Es sumamente grave que se hagan públicas algunas informaciones tan sensibles de las personas, como por ejemplo su militancia política, porque esto puede significar, discriminación, hostigamiento y persecución”.