Acuerdo de Escazú firmado por el gobierno de Boric obligará a Chile a dar trato preferencial a Bolivia

El gobierno del Partido Comunista en Chile, con Gabriel Boric a la cabeza, ha dado urgencia en la firma del Acuerdo de Escazú, el cual había sido promovido con entusiasmo por el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero después rechazado por su segundo gobierno en 2020. Se trata de un Acuerdo diseñado desde el ecologismo radical por la organización CEPAL, de cargada índole globalista y socialista y que promueve lo que se ha llamado la “democracia medioambiental”.

En 2020, la Cancillería chilena explicó que el Acuerdo tenía muchas ambigüedades que podían mermar la soberanía nacional, ya que incluía normativas que podían ser contradictorias con la legislación nacional, pero al provenir de un acuerdo globalista habría de tener preferencia. De forma contraria, la actual administración de extrema izquierda ha intentado negar que el Acuerdo de Escazú comprometa la soberanía nacional.

La ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, declaró: “Su objetivo es garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a información ambiental, participación pública en procesos de tomas de decisiones ambientales y acceso a justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y cooperación contribuyendo a la protección del derecho de generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano”.

Sin embargo, tal como indica el diplomático Enrique Subercaseaux, tras la trampa ideológica de mezclar la ideología de derechos humanos y democracia ambiental, se encuentra la capacidad de poner freno al desarrollo económico nacional. El diplomático señaló: “Este acuerdo, influido por el progresismo regional, que nos ha llenado de organismos que están dominados por ellos mismos, y que solo han servido para crear una industria paralela, obstruye el progreso, bloquea los proyectos económicos, y, en una última instancia, persigue a los rivales políticos”.

Subercaseaux, además, añadió: “el Acuerdo busca, bajo el paraguas loable que el derecho a “vivir en un ambiente sano y contar con un desarrollo sostenible”, que los derechos humanos, y la transparencia informativa se inmiscuyan, (aún más de lo que lo están), en los procesos económicos y de desarrollo medioambiental. Se busca judicializar los procesos y crear una nueva industria, […] similar a la derivada del Convenio 169 de la OIT y la maraña de cortapisas de tribunales medioambientales que busca obstruir y trabar inversiones y decisiones que son importantes, e imprescindibles, para nuestro desarrollo como país”.

Finalmente, el diplomático sentenció: “la CEPAL no tiene una sola política publica que haya impulsado y que haya sido beneficiosa o positiva. Un triste récord, que hacer prever los nefastos resultados de este Acuerdo”.

Además, otro gran problema de este Acuerdo es su artículo 11, el cual exige “consideración y cooperación con los países sin litoral”, lo que deja a Chile a merced de los reclamos de Bolivia, que puede nuevamente con esta herramienta llevar a nuestro país ante tribunales internacionales. Además, el carácter indigenista del nuevo gobierno chileno, sumado al de la eventual nueva constitución y a la admiración de la izquierda por el régimen boliviano, podrían darse las condiciones para que Chile se doblegue a las pretensiones bolivianas.

Desde ahora, el Acuerdo de Escazú pasa al parlamento para ser ratificado y que entre en vigencia.