$2.300 millones de pesos en registro biométrico: La insólita y millonaria medida del Gobierno de Boric para abordar la crisis migratoria
En el marco de la visita del Gobierno de extrema izquierda a la zona norte de nuestro país, que sufre actualmente las consecuencias de la inmigración descontrolada e ilegal, este martes el Presidente Gabriel Boric se refirió a esta situación y anunció una millonaria inversión de 2.300 millones de pesos que contemplaría un “plan de registro biométrico”.
"Sabemos que la migración es parte de nuestra historia y que como sociedad siempre vamos a defender la inclusión, los DD.HH., el intercambio cultural (...) Pero no así la delincuencia. Esto implica arduamente en ordenar y regularizar los flujos migratorios, para lo cual ya está operando un comité de primera respuesta migratoria, en el cual desarrollaremos un plan de registro biométrico por una inversión de 2.300 millones de pesos", fueron las palabras del Mandatario.
Cabe señalar que dicho Comité de Primera Respuesta Migratoria si bien se conformó en marzo de este año con el fin de ser un aporte a la ciudadanía afectada por las consecuencias de la inmigración descontrolada, de acuerdo a la descripción encontrada en el mismo sitio web de Extranjería, esta entidad no corresponde a más que un “espacio de articulación intersectorial, interregional y territorial”, que “busca, por ejemplo, atender la situación de personas migrantes que viven en situación de calle, lo que genera externalidades negativas en las comunidades de acogida”.
Sumado a esto, las palabras del Presidente no resultan del todo aclaratorias ni mucho menos tranquilizadoras para los ciudadanos, dado que junto con señalar las supuestas medidas que se estarían tomando desde el Ejecutivo para controlar esta problemática, Boric aseguró que, “vamos a fortalecer con mayores atribuciones a los servicios regionales de migración y estamos trabajando en el enrolamiento y facilitación de trámites".
Una aseveración que parece más cercana a lo postulado por la OIM, quiénes promueven el control biométrico para “mejorar la gestión de la migración y empoderar a los migrantes” además de, “ayudar a compilar datos para identificar a las personas vulnerables que pueden requerir de asistencia adicional”.
Por tanto, lo anterior no corresponde a nada más que promesas de mayor aparataje político, control estatal y gasto público para regular un problema que no es de Chile, sino externo.