Nueva campaña del régimen de Boric para desarmar a la población comienza con prohibición a ex uniformados de portar armas para su legítima defensa

Como ha sido bien documentado por la historia, los regímenes totalitarios suelen iniciar su gestión con medidas de desarme de su población, con el fin de que las personas no puedan defenderse del crimen organizado asociado al gobierno y de las intromisiones del Estado para transgredir la propiedad privada. Ese es el rumbo que ha decidido tomar el régimen del Partido Comunista en Chile administrado por Gabriel Boric.

El Ministerio del Interior, dirigido por la comunista Izkia Siches, anunció una batería de medidas que buscan desarmar a la población, siendo la primera de ellas modificar la Ley de Control de Armas para prohibir a ex funcionarios de Fuerzas Armadas y de Orden el poder seguir portando armas para la defensa propia y la de sus comunidades.

Se ha constatado que la presencia de ex funcionarios de las fuerzas de orden en ciertos barrios ha significado una garantía de seguridad debido a la facilidad que tienen para repeler delincuentes que amenazan a la comunidad, siendo en muchos casos los héroes anónimos que han impedido asaltos, asesinatos, secuestros y violaciones.

Según el decreto Nº 3556 de 1980, los generales, tenientes coroneles, o equivalentes, y suboficiales mayores en retiro “estarán facultados para portar las armas de fuego que tengan debidamente inscritas a su nombre, sin perjuicio de aplicárseles lo que disponga la reglamentación institucional respectiva, para el personal en servicio activo”, siempre y cuando mantengan su Tarjeta de Identificación Institucional (TII).

El subsecretario del Interior, el socialista Manuel Monsalve, recurrió al supuesto argumento de igualdad ante la ley para justificar este castigo institucional que busca dejar desvalidos a los ex uniformados frente a posibles acciones delictuales. Monsalve aseguró:

Cabe destacar que este desarme de la población se da en un contexto de una insurrección en curso con presencia de guerrilla urbana e indigenista, una explosión de delitos violentos cometidos por narcotraficantes e inmigrantes ilegales y la predisposición a vulnerar la propiedad privada que tendrán los agentes del Estado dado el carácter chavista de la eventual nueva constitución que está siendo redactada por la ultraizquierda cercana al régimen en la Convención Constitucional.