¿Listas negras? Ministerio del Interior despide a sus principales expertos en la lucha contra el terrorismo en Chile
Durante la jornada del pasado viernes 8 de abril se difundió en portales de noticias y redes sociales que la hija de la activista de izquierda Mirna Schindler, de nombre Javiera Corvalán, titulada en 2019 de derecho, había sido contratada como jefa del área judicial del Ministerio del Interior, con nula experiencia y reemplazando a un experto que tenía 18 años en la cartera. El hecho causó inmediata molestia por el evidente pago de favores dentro de la izquierda para regalarle a Corvalán un cargo tan elevado.
Posteriormente fue transparentado que Corvalán no fue contratada en ese cargo, sino que en un cargo menor de la misma área. Aprovechando su influencia en medios, Mirna Schindler manifestó su molestia por la información falsa y la noticia fue bajada de la mayoría de los portales de noticias.
Lamentablemente, con ello empezó a silenciarse lo verdaderamente grave de este caso: la identidad de las personas que están siendo purgadas en el Ministerio del Interior por el régimen ultraizquierdista en el poder, a todas luces debido a su compromiso político con el indigenismo y su apoyo tácito al terrorismo en el sur de Chile.
En efecto, el principal despedido fue el mencionado exjefe del área jurídica del Ministerio del Interior, Carlos Flores, quien era un experto en materias relacionadas a los juicios contra terroristas. Su gestión era impecable en la presentación de querellas y pruebas contra los indigenistas. Además, Flores fue fundamental en el Caso Bombas, donde logró la condena de uno de los anarquistas involucrados.
Pero Flores no es el único, también fueron despedidos Sergio Arévalo, quien tiene amplísima experiencia en delitos violentos y encabezó un esquipo especial antiterrorista en el sur, y Sofía Hamilton, destacada abogada que trabajó en juicios relevantes para la seguridad del país.
El despido injustificado de estos funcionarios por parte de este gobierno de clara tendencia proindigenista y proinsurreccional parece revelar que el verdadero objetivo es precisamente castigar y eliminar a todos aquellos que han cumplido su labor republicana y dar un paso importante en la desarticulación del Estado para permitir a anarquistas e indigenistas someter a los chilenos a sus acciones de terror y violencia.