Hija de Mirna Schindler es responsable del error que dejó fuera al Ministerio del Interior de caso clave de seguridad pública

Una cadena impresentable de errores provenientes de la División Jurídica de Interior fue lo que generó que el Ministerio del Interior quedara ausente como querellante en el llamado “Caso Huracán”; de hecho, le fue imposible al gobierno revertir la decisión de la jueza Marcia Castillo de dejar fuera al Estado en este caso de tanta importancia para la opinión pública. En concreto, fue la Corte de Apelaciones de Temuco la que declaró inadmisible la última apelación del gobierno.

Curiosamente, este caso es emblemático para la izquierda, puesto que se investigaría que supuestamente Carabineros utilizó evidencias falsas para acusar a comunidades indígenas de actos terroristas, por lo cual, esta seguidilla de errores correspondería a absoluta ineficiencia por parte de los funcionarios.

La principal sindicada como responsable es la abogada feminista radical Javiera Corvalán, quien está recientemente egresada y es hija de la periodista de izquierda Mirna Schindler, quien es aliada política del gobierno de Boric, por lo cual se acusó inmediatamente a su nombramiento como un caso de nepotismo, o bien, de pago de favores.

Corvalán se anunció tres veces para alegar el último recurso de apelación, pero cuando fue la audiencia dejó todo en manos de Luis Martínez, quien pertenecía a la Delegación Presidencial del Biobío. Martínez, el día de la audiencia se quedó dormido y así el gobierno se quedó fuera de este caso emblemático.

El izquierdista autonomista Gabriel Boric se mostró enfurecido y molesto por este nuevo fracaso político y aseguró que por vía de la comunista Izkia Siches, quien ejerce de ministra del Interior, solicitará antecedentes para dar con los responsables. En sus palabras dijo: “este error -desde mi punto de vista- es inaceptable y por supuesto que tiene que haber responsabilidades”.

Recordemos también que una vez el actual gobierno llegó al poder en marzo del presente año, realizó una purga donde fueron echados del Ministerio del Interior todos los abogados que tuvieran experiencia en litigaciones referentes a casos de terrorismo, y como consecuencia de esta purga se le regaló el cargo de coordinadora del área penal a nivel nacional a Javiera Corvalán.

Esta purga, además, tuvo como objetivo favorecer a los insurgentes indigenistas con los cuales el gobierno tiene una amistad ideológica, ya que, expulsando a los abogados con experiencia, sería más posible para el Estado ser más permisivo y favorable a las acciones terroristas. Curiosamente, esa desprolijidad que fue fríamente calculada, hoy parece cobrarle la cuenta al propio gobierno.