Gobierno le da un nuevo respiro a la CAM ausentándose de querella por asesinato del suboficial Francisco Benavides

Un insólito espaldarazo por omisión es lo que le ha dado el gobierno comunista a la guerrilla indigenista CAM el pasado martes 13 de junio, dado que era el día límite en que vencía el plazo para que el Estado presentara los documentos necesarios para sumarse a una querella en su contra por el asesinato del suboficial de Carabineros, Francisco Benavides, pero, a pesar de ello, se ausentó.

En concreto, los acusados de la muerte del carabinero son dos insurgentes de alta importancia dentro de la jerarquía de la CAM, puesto que son los dos hijos de uno de sus líderes, Víctor Ancalaf: Matías y Heriberto Ancalaf. Estos terroristas habrían matado en combate el pasado mayo de 2021 al suboficial Benavides en las inmediaciones de Collipulli.

El gobierno debía sumarse a la querella contra los acusados, lo que es, además, una obligación, por cuanto Carabineros arriesga su vida defendiendo la integridad del Estado y sus habitantes. Sin embargo, según indica Radio BioBio:

“el equipo de abogados de la repartición gubernamental tenía como plazo máximo hasta este lunes, para ingresar la acusación particular o adherirse a la presentada por el Ministerio Público en contra de los imputados. Sin embargo, pese a poder hacerlo a contar del 30 de abril, esperaron hasta el último día”

Para ello, fue a última hora que el abogado Luis Martínez Pezo empezó a trabajar en los documentos a presentar, sin embargo, ese mismo día habría presentado complicaciones de salud que le impidieron terminar la tarea. En consecuencia, Martínez debió presentar sus excusas ante el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli, en las que indicó: “estuve impedido para poder ejercer en nombre de mi representada el derecho de adherirse a la acusación o presentar acusación particular con las graves consecuencias procesales que aquello conlleva”.

El artículo 17 del Código Procesal Penal permite un nuevo plazo para ingresar el trámite, siempre y cuando los motivos sean “fuerza mayor o caso fortuito”. De todas formas, corresponde al tribunal decidir si esas excusas sean consideradas válidas para dar un nuevo plazo, además, los demás intervinientes pueden presentar objeciones y apelaciones que pueden enturbiar el proceso.

En suma, hay un riesgo de que el Estado quede completamente fuera de las acciones legales que refieren a la muerte de uno de sus carabineros a manos de terroristas, esto por dejar los trámites para última hora, lo cual sería un fuerte espaldarazo para los insurrectos acusados del homicidio.