Gobierno de Boric contrata a más de 100 feministas para supervigilar ministerios de acuerdo con la ideología de género
Si bien el gobierno de Gabriel Boric ha sido cuestionado por su eficiencia en materias como economía y seguridad pública, uno de sus fuertes ha sido implantar en el Estado algunas prácticas de tintes totalitarios como las que se llevan a cabo en los centros estudiantiles universitarios y escolares, un ejemplo de ello es que el gobierno ha implantado un régimen de supervigilancia a lo largo de todo el aparato estatal para controlar que todas las políticas públicas vayan de acuerdo con la ideología feminista de extrema izquierda.
En total, más de 100 extremistas han sido contratadas por el Estado con ostentosos sueldos financiados por el fisco para que supervisen el trabajo de ministerios, subsecretarías y servicios ministeriales. Bajo el nombre de “asesoras de género”, estos agentes se enfocarán en censurar y corregir palabras y conductas de todos los funcionarios públicos, con el fin de impulsar una agenda que tiene por finalidad imponer el pensamiento único en esta materia.
La doctrina que guía a este equipo inquisidor es el de erradicar el binario hombre-mujer, promoviendo el llamado “lenguaje inclusivo”, la agenda de aborto libre, la llamada “educación sexual integral” que promueve la sexualización temprana de menores de edad, y sobre todo radicalizar los protocolos de conducta entre hombres y mujeres en los pasillos de los edificios estatales, estableciendo la guerra de sexos como política interna del Estado.
Las principales artífices de este sistema de control son la ministra de género, Antonia Orellana, del partido de ultraizquierda Convergencia Social, y la filósofa deconstruccionista Luna Follegati, del mismo partido, quien trabaja en el segundo piso de La Moneda, instigando de primera fuente al gobierno a ejecutar esta agenda.
Desde la revuelta feminista de 2018, la izquierda radical en Chile ha usado frecuentemente el feminismo como pegamento unificador bajo el cual imponer su control, ya que al utilizar los problemas de las mujeres como discurso han logrado una fuerte presión social a su favor. Ya desde la instalación del gobierno de Boric se estableció una fuerte censura política en las contrataciones bajo las directrices del feminismo, hoy el equipo suma más de 100 personas para tener el control de todo el orden estatal.