Enel por toma de central Pangue: “La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica y su integridad han quedado comprometidas”

A través de un comunicado, este lunes la empresa Enel denunció que el sábado recién pasado la comunidad Aukin Wallmapu ingresó a la central hidroeléctrica de Pangue, en la región del Bío Bío y obligó a los funcionarios y personal de seguridad a retirarse del lugar por la fuerza. 

De esta manera, debieron hacer abandono de las instalaciones, lo que paralizó el trabajo dentro de la central. Razón por la que desde la empresa aseguraron que, tanto el abastecimiento energético, como la integridad de la central, se encuentran en riesgo por la toma de control de este grupo delictivo.

“La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas", señalaron desde Enel.

No conforme con lo anterior, aseguraron que la toma ilícita de esta propiedad, no sólo pone en riesgo la continuidad de la misma, sino que también a otras de la región. "Acciones de fuerza como estas ponen en peligro la generación de la Central Pangue (467 megavatios) y del resto de las centrales que pertenecen a la cuenca del Biobío, las cuales suman 1496 MW, con el consecuente riesgo del abastecimiento eléctrico, más aún en la actual situación de estrechez energética", agregaron.

De acuerdo con Enel dicha agrupación indigenista, a cargo de la presidenta de esta, María Curriao, serían los responsables del ataque a la central. En este sentido, precisaron que Curriao mantiene distintas denuncias en su contra, dado que anteriormente ya había recibido, como representante legal de la agrupación, cerca de 300 millones de pesos por concepto de acuerdo de Enel con la comunidad, los que la antisocial no habría traspasado a las distintas familias a las que les correspondía el beneficio.

Cabe mencionar que actualmente no existe ninguna ley que permita a las Fuerzas Armadas actuar en caso de que se ponga en riesgo la infraestructura pública. A pesar de que en 2020 el gobierno había presentado un proyecto de ley que facultaba a las FF.AA, este eventualmente fue rechazado.