Defensoría de la Niñez sigue sin aclarar gastos operacionales de $345 millones en 5 meses

Según el documento presentado hasta ahora, en plena pandemia el organismo habría usado más de $345 millones en gastos operacionales.

Según el documento presentado hasta ahora, en plena pandemia el organismo habría usado más de $345 millones en gastos operacionales.

Los parlamentarios Álvaro Cárter y Sandra Amar (independientes bancada UDI), junto a Gustavo Sanhueza y Christian Moreira (los dos UDI), solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciarse sobre los informes y aclarar los gastos millonarios de La Defensoría de la Niñez a cargo de Patricia Muñoz, que ascienden a 345 millones de pesos entre marzo y junio de 2020.

El grupo de diputados, haciendo uso de sus facultades de fiscalización, oficiaron a la Defensoría de la Niñez, para que rinda explicaciones. Por su parte, la titular de esta institución afirma que no es atribución de la Cámara fiscalizar a un “órgano autónomo del Estado”.

"Queremos saber el porqué de tanto secretismo para entregar los “informes” y aclarar los millonarios gastos de la que más parece estar preocupada de su futuro político que de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país", agregaron.

Según el documento presentado hasta ahora, en plena pandemia el organismo habría usado más de $345 millones en gastos operacionales. De hecho, pese la baja en visitas a centros penitenciarios, el organismo gastó $5 millones en combustibles y en acceso internet 32 millones de pesos en solo 6 meses. En servicios de impresión, solo en abril se cancelaron 19 millones 452 mil pesos, en este lapso.

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Por una serie de estudios contratados por alrededor de $59 millones, en el período marzo-julio de 2020; pero cuyo monto total asciende a $170 millones, que se destinaron a seis investigaciones.

La segunda investigación con mayor costo corresponde a una que tuvo un valor de $30 millones, elaborada por la Universidad de Chile, sobre los “efectos del estado de excepción y posterior crisis social 2019, en niños, niñas y adolescentes”, y en tercer lugar, por $13 millones, una investigación acerca de “de la identificación de instituciones, programas, evaluaciones e indicadores de la niñez y adolescencia”, a cargo de Pragmac Consuting SPA, que buscaba identificar todos los órganos de la administración del Estado, organismos no gubernamentales, las personas jurídicas y naturales que tengan por objeto y/o participen en la promoción o protección de derechos de los niños, sus programas y mecanismos de evaluación.

Durante el período marzo-julio 2020, este ítem, denominado en los gastos operaciones “estudios e investigaciones”, es el segundo que más utilizó asignaciones con un total de $59.904.172, luego del subtítulo “arriendo de edificios”, que en el mismo período tuvo un valor de $62.252.605. En la tercera ubicación se lee “Servicios de Publicidad”, por $38.111.266, donde resalta el proveedor “Hueso Santo”, misma agencia que se ganó la licitación para realizar el controvertido video de la Defensoría titulado: “El Llamado de la Naturaleza”, que generó cuestionamientos porque su letra hace alusión a la evasión del Metro de Santiago que se vivió en el estallido del 18 de octubre.

Baja calidad en investigaciones

En detalle, los parlamentarios cuestionaron la baja cantidad de acciones legales a nivel nacional patrocinadas por el organismo, la poca cantidad de querellas promovidas en relación a las denuncias realizadas, las casi nulas visitas a centros penitenciarios y la gran cantidad de dinero gastado.

Los legisladores advierten que durante el año 2019 se presentaron solo 14 denuncias por delitos comunes hacia los menores, y 112 denuncias por violencia policial. Mientras que en el año 2020, la cifra aumenta a 111 por delitos comunes y 44 por denuncias de violencia policial. No obstante, señalan, que desde la creación de la institución solo se han patrocinado 34 causas, pese a la mayor cantidad de denuncias formuladas, “que agrava el hecho, el haber obtenido solo una sentencia condenatoria desde la creación del organismo”.

Cuestionan, además, que solo se hayan hecho 10 visitas a centros de privación de libertad durante el año 2019; y solo 4 visitas presenciales hasta antes del inicio de la pandemia. Además de “solo 12 visitas (remotas) en contexto Covid-19”.

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