Bank Of America: "Proyecto de royalty minero llevará a la bancarrota a la economía chilena"

El pasado mes de enero el Banco Of America mostraba su optimismo por el crecimiento de la economía en Chile pese a los estragos de la pandemia en el mundo. Ana Madeira, analista de este ente crediticio dijo que se esperaba aun así un crecimiento de la economía de 5%, desde el tibio 3,3% que anticipaban previamente.

Hoy el banco norteamericano tiene una perspectiva más sombría. Su preocupación gira en torno al proyecto de ley de royalty que se discute en el Congreso, liderado por la izquierda chilena.

La conclusión que emite la casa financiera es que con esta ley las mineras cederían la mayor parte de las ventajas de operar en Chile, puesto que la tributación aumenta al 75%, una cifra que considera astronómica. “Trabajando a través de estas cifras, a nivel de mina individual, la contribución fiscal efectiva más baja es del 36%, aunque podría aumentar al 70% a precios más altos (esto excluye ítems como las retenciones de dividendos)”.

El BOFA indica que, aun cuando esto puede no tener implicaciones inmediatas para las minas que ya se están ejecutando, la imagen es diferente cuando se analiza el ciclo de vida de un proyecto.

La firma señala que los datos sugieren que los rendimientos de invertir en un proyecto totalmente nuevo no cubren el costo de capital de muchas empresas. “¿Cuál es el resultado probable de esto? Es poco probable que los proyectos mineros que pueden ser una opción ahora se construyan más adelante, si la nueva legislación entra en vigor".

Indica además el informe de la institución financiera que más allá de la remuneración del personal y las contribuciones al desarrollo de la infraestructura, las mineras generalmente realizan contribuciones fiscales a través de impuestos sobre la renta o basados en las ganancias, generalmente impuestos sobre la renta de las empresas y regalías, que se pagan con referencia a los ingresos o la producción.

Agrega que los gobiernos también pueden imponer un impuesto sobre la renta de los minerales, que generalmente se dirige a las "super" ganancias. En cuanto a Chile, y entre otros pagos, los mineros en la actualidad están sujetos a un impuesto de sociedades del 27%, un impuesto especial progresivo a la minería y una contribución al Fondo de Desarrollo Regional.

Cita el Bank Of America el ejemplo de Australia, y el impuesto sobre la renta de los recursos minerales. El tributo, que grava el 30% de los ´superbeneficios´ de las mineras del hierro en Australia, se introdujo en julio de 2012, pero finalmente se derogó parcialmente.

El reporte plantea que en el contexto de un crecimiento sostenido de la demanda de los denominados metales importantes para tecnologías futuras (MIFT, por su sigla en inglés), por la descarbonización, los participantes del mercado siguen centrados en la necesidad de un mayor gasto de capital, para evitar la escasez de materias primas críticas.

Al respecto, señala que el Instituto Fraser, de Canadá, publicó recientemente su encuesta que incluye el Índice de Percepción de Políticas (PPI), que mide el atractivo general de las políticas de los países anfitriones. Este destaca que “Chile y Brasil fueron las únicas jurisdicciones de América Latina y el Caribe que vieron reducciones en sus puntajes PPI, con caídas de 3.8 y 3.1 puntos respectivamente desde 2019”. Se añade que las mineras en Chile expresaron una mayor preocupación por la estabilidad política del país (+20 puntos), posiblemente reflejando las protestas del estallido social de 2019-2020, su régimen tributario (+14 puntos) y seguridad (+9 puntos).

En contraste, la misma entidad sostiene que Perú vio un aumento en su puntaje PPI de ocho puntos, en comparación con sus resultados de 2019. Así, la clasificación de Perú aumentó del 45° (de 76) en 2019 al 42° (de 77) en 2020. “Este año, los encuestados expresaron una menor preocupación por la incertidumbre con respecto a las regulaciones ambientales, la incertidumbre con respecto a la administración y aplicación de las regulaciones existentes, y duplicaciones e inconsistencias regulatorias”, cita el reporte.

Y añade que, vale la pena seguirlo, ya que se acerca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio, con Pedro Castillo, uno de los candidatos de segunda vuelta, destacando las posibilidades de una nacionalización de las minas. Situación que se configura como uno de los mayores impedimentos para atraer inversiones.