Senado deberá arreglar proyecto de Royalty para hacerlo viable y constitucional
El pasado 6 de mayo, la presidenta del senado, Yasna Provoste (DC), expresó su apoyo al proyecto de ley del royalty minero. “Nosotros vamos a sacar adelante las iniciativas del royalty e impuesto a los ‘súper ricos"”, expuso, para confirmar que “nosotros los vamos a apoyar y vamos a continuar con este proceso”.
A 29 días de esa posición que parecía infranqueable, acaba de declarar estar dispuesta a un diálogo inter institucional que revisaría el proyecto impositivo. Ahora el Senado deberá arreglar proyecto de Royalty para hacerlo viable y constitucional.
Varios factores pueden haber provocado la favorable revisión de la descabellada iniciativa del Royalty minero que ni siquiera ha sido considerada en otros países, y que encendió las alarmas en las más de cien empresas cupríferas inscritas en el Directorio Minero de Chile.
La impopular legislación al parecer será sometida a revisión, tal como lo evidencia la declaración de la presidenta del Senado al anunciar "que se desplegará la negociación política con el Gobierno para evitar una nueva contienda de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo".
Además de los estudios que determinarían perdidas cuantiosas a la economía, está la falta de iniciativa que los legisladores tiene para materias tributarias, que los obliga a un entendimiento con el Gobierno en busca de su patrocinio.
Sin duda este es, cuando menos, un frenazo a las intenciones que desde un principio la senadora, junto a sus pares de izquierda en la Cámara Alta, han argumentado en favor de aplicar leoninos impuestos confiscatorios que ha provocado que varias mineras estén evaluando migrar hacia otros países con medidas fiscales más favorables.
El biministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, quién asistió a la comisión del Senado cuando de discutió el proyecto, ya se había mostrado abierto a buscar fórmulas razonables de mejorar la tributación minera.
Como papás de un niño porro, los Senadores de oposición se han visto en la necesidad de matizar su apoyo irrestricto al Royalty minero por la inmensa cantidad de problemas que el proyecto, impulsado básicamente por el PC, representa para su materialización.
El tono ahora ponderado de Provoste, hace previsible que otros co partidarios en el Senado asuman otra visión más sensata sobre la controvertida ley que parece "quedarse sin bencina" en las altas esferas legislativas.
Una de ellas es Isabel Allende, quien manifestó su rechazo a un impuesto parejo para todos los minerales y su par Guido Girardi, quien anunció que dentro de la Comisión de Futuro del Senado analizarán fórmulas de generar una minería sustentable social y ambientalmente.
Ahora, la posible revisión del proyecto de recaudación -de cuestionable factura técnica- evitaría la desbandada de estas empresas que ya incluso han manifestado posibles recortes en la inversión minera como el caso de la Lundin, que mudarían sus inversiones a Argentina, Brasil y Perú, según lo expresó en un comunicado, ante la punitiva carga fiscal adicional que le estarían aplicando con este impuesto confiscatorio.
La Asociación de Industriales del Norte que reúne a gremios de Iquique, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, señalaron a través de un comunicado que la iniciativa “arriesga perder una oportunidad muy importante para el país.
“De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos”, precisan los gremios en el comunicado.
Desde el Gobierno aseguraron que el proyecto generaría una carga impositiva que doblaría a la de otros países productores de cobre, lo que afectaría la competitividad de Chile en el mercado. Un análisis que comparte el profesor Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la UC.
“La Comisión Chilena del Cobre hizo un cálculo de cuánto significaba este royalty en términos reales de tributación efectiva, y representa más de un 80%“. Por tanto, “cuando usted cobra un 82% de las utilidades a cualquier empresa, obviamente esa empresa no puede funcionar”, dijo el reconocido académico.
Se espera que esta revisión, producto del diálogo interinstitucional que ahora predica Yasna Provoste, evite la debacle minera, pues las opciones en países vecinos son mucho más tentadoras para las empresas dedicadas a la explotación minera.