Repudio nacional a la jueza feminista que avaló liberación del asesino de Ámbar Cornejo

El pasado jueves 6 de agosto se confirmó el hallazgo de los restos de la menor de edad de 16 años Ámbar Cornejo, en la localidad de Villa Alemana, desaparecida desde el miércoles 29 de julio. Gracias al testimonio de su propia madre, aparente cómplice del homicidio de la menor, el cuerpo fue hallado en la casa del asesino Hugo Bustamante Pérez, pareja de la mujer.

Bustamante ya era famoso por haber asesinado en ese mismo lugar a su ex pareja Verónica Vásquez y a un menor de edad hijo de aquella mujer en el año 2005, crímenes por los que cumplió solo 11 años de presidio efectivo de los 27 que debía cumplir originalmente, obteniendo en 2016 la libertad condicional, siendo que incluso el criminal había aparecido entrevistado en un capítulo del programa policial Mea Culpa, donde indicó que no estaba seguro de si volvería a cometer otro asesinato y no descartó la posibilidad.

Entonces, ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba libre?

En 2016 fueron 741 los presos que obtuvieron la libertad condicional por buena conducta bajo el paraguas de la doctrina anticarcelaria del régimen de Michelle Bachelet, quien, junto a una de sus manos derechas y ministra de justicia, Javiera Blanco, había nombrado el año anterior a la jueza feminista Silvana Donoso como ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En ese cargo, la feminista presidió parte de la comisión que otorgó el beneficio a 48 reos de dicha ciudad, sin embargo, uno de los beneficiarios nominados era el asesino Bustamante, quien cumplía con las condiciones formales de buena conducta, pero que había fallado en el informe de pericias psicológicas de Gendarmería. Pese a ello la comisión desestimó las mencionadas pericias y firmó la libertad condicional de todos los reos incluyendo al asesino en cuestión. La comisión además estaba conformada por los ministros Paula Ramos, Alonso Arancibia, Loreto León y Eduardo Saldivia.

Prevenida la opinión pública de la gravedad de estas pericias, además de lo famoso del caso de Bustamante por su exposición nacional, la prensa consultó a Donoso sobre su decisión, a lo cual ella respondió de manera ideológica indicando: “esto no es un beneficio, sino que es un derecho...porque así lo determina la ley. Y en segundo lugar, si yo me sintiera presionada por las veces que me citaron al Congreso a declarar o por las veces que los medios anduvieron detrás de mí, no debo ser juez...me debo retirar. Y no tengo ninguna intención de hacerlo”.

Así empezó a fraguarse el escenario perfecto para que el asesino repitiera la historia y cobrara una nueva víctima, mientras la jueza radicalizaba sus posturas adhiriendo a las causas del feminismo radical en sus redes y en su trabajo, participando de instancias de consolidación de la teoría de género en el poder judicial en el rol de “presidenta de la Mesa de Género” de la Jurisdicción de Valparaíso.

Además, como antecedente, a raíz de la pandemia de virus chino, la socialista Bachelet, en su nuevo cargo designado de comisionada de derechos humanos en el organismo globalista ONU exigió a los países liberar presos para seguir avanzando en la agenda anticarcelaria internacional, lo que resultó en la liberación en Chile de 13.000 reos de diversa peligrosidad.

Una vez difundido el historial de este caso a causa del dramático caso de Ámbar Cornejo, la presión pública se volcó sobre la jueza Donoso, develando las irresponsables y antojadizas decisiones que tienen lugar en nuestro sistema judicial por motivaciones políticas, por ejemplo, los presos políticos militares, encarcelados por haber participado del proceso de reordenamiento nacional, no obtienen libertad condicional por malos informes psicológicos obtenidos por presión política, dado el carácter de sus casos, pero que son respetados al pie de la letra, a diferencia del caso de Bustamante.

Con el fin de visibilizar esto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, inició una acusación constitucional contra Donoso por notable abandono de deberes; mientras tanto, la opinión pública y los sectores patrióticos han impulsado el debate sobre la corrupción del sistema judicial y la necesidad de penas más duras, incluso la pena de muerte.

Desde la izquierda, ya se ha levantado el discurso de culpar al “patriarcado”, debido a la necesidad de los feministas de proteger a Silvana Donoso y desviar la atención; de hecho, 36 abogadas feministas firmaron una carta en su defensa reafirmando la postura ideológica de la jueza: “La trayectoria de Silvana Donoso se ha caracterizado por su postura garantista, por la técnica y ética profesional. De hecho, la primera decisión en Chile con perspectiva de género en el contexto del actual estado de pandemia es de su coautoría, entre varias otras”, además criticaron el clamor de justicia de la ciudadanía indicando: “Lamentamos que el populismo penal encuentre suelo fértil en algunos sectores de la clase política y del movimiento feminista. Creemos […] absolutamente equivocada la respuesta exclusivamente punitivista que se ha dado a las demandas de las mujeres. Es un error político y de política criminal mantener un camino que busca exclusivamente el aumento de penas y reducción de garantías.”

Finalmente, queda en evidencia la contradicción del feminismo y el argumento anticarcelario, que busca eliminar las cárceles para minar el capitalismo, es decir, privilegiar una especie de reeducación y adoctrinamiento social generalizado que debería reemplazar a las cárceles.

Véalo con sus propios ojos:

Los argumentos de Donoso para darle libertad condicional a Bustamante: https://bit.ly/3adBmpu

Diputado Longton acusa constitucionalmente a la jueza feminista: https://bit.ly/3fDR9yT

La carta de las feministas desviando la atención del caso: https://bit.ly/31uoG9D