Baltasar Garzón, abogado del testaferro de Maduro, es el acusador de Piñera ante la Corte Penal
Más de 16 años tienen diversos organismos venezolanos de alta credibilidad y otras instancias internacionales como ONU, la OEA enviando al mundo informes altamente probatorios, primero contra el fallecido Hugo Chávez y ahora contra el dictador Nicolás Maduro, de violaciones flagrantes de derechos humanos en Venezuela.
Ejecuciones judiciales, persecución a la disidencia, detenciones arbitrarias, impunidad, interferencia electoral, torturas, miseriaa... todo ha sido documentado y hasta confesado por autoridades venezolanas. Y evidenciado con la diaspora de más de 6 millones de venezolanos que huyen hacia otros países por la tragedia que viven en su suelo patrio.
Pero pese a ello en la Corte Penal Internacional (CPI) ninguno de los casos parecen avanzar. Por el contrario, están ralentizados y la actual fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones como la y las ONG que han llevado a esa corte gran número de pruebas sin que exista hasta ahora un claro proceso investigativo.
La Fiscal Fatou Bensouda, ha pedido tiempo para conocer los expedientes documentados por distintas organizaciones como la ONU, la OEA y las ONG desde 2003 contra Nicolás Maduro y la causa parece no proceder.
De hecho la fiscal Bensouda, demoró cuatro años, entre 2014 y 2018, para ordenar que se abriera un examen preliminar por crímenes de lesa humanidad de las actuaciones del gobierno de Nicolás Maduro; y aun en octubre de 2020, no se ha dado inicio a un proceso de juicio.
Esto, presagia un escenario adverso para el actual Presidente de Chile Sebastián Piñera quien ha sido acusado de "crímenes de lesa humanidad". Una batería legal que encabeza el inenarrable personaje de izquierda el ex juez español Baltasar Garzón, está exigiendo a la CPI investigaciones contra éste y a sus colaboradores civiles, militares y policiales. La solicitud la hicieron al unísono la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), todos grupos de izquierda.
¿Quién es el camarada Baltasar Garzón?
El polémico personaje, a quien se le ha identificado con grupos de izquierda mundial y quien ordenó el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acaba de asumir la defensa de Alex Saab, uno de los principales testaferros del tirano Nicolás Maduro.
Saab está acusado en Estados Unidos de lavado de dinero vinculado a hechos de corrupción a la hora de arreglar los contratos de suministros destinados al programa de subsidio de alimentos administrado por el régimen, conocido como CLAP.
La revista colombiana Semana, una de las más prestigiosas, ha revelado que Garzón se llevará cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros) por tratar de sacarlo de su prisión en Cabo Verde. El presupuesto de Maduro para liberar a su socio es de un total de 60 millones de dólares (50,9 millones de euros).
Se trata, en todo caso, de un acto coherente del abogado, convencido de que “la presidencia de Maduro es absolutamente legítima”, según dijo el año pasado en una entrevista en Argentina.
El Tribunal Supremo lo expulsó de la carrera judicial en 2012 tras considerársele culpable de prevaricación, tal vez la acusación más grave que pueda sufrir un juez. Once años de inhabilitación además, a instancias de los cabecillas de la trama corrupta Gürtel.
Esta es más que una evidencia, una confesión de las andanzas del ex juez español, que al igual que la izquierda latinoamericana aplica un doble rasero para la justicia. Los crímenes de Maduro no son tan relevantes como para intentar fungir como paladín justiciero. El dinero nuevamente, desenmascara a los progresistas que en todo el mundo pregonan su puritanismo y desapego a las grandes fortunas pero en la práctica son los más voraces capitalistas.