Justicia para un lado: La amenaza a Ximena Chong y los imputados de ATP

Durante esta mañana a las 9 am, se retomó la formalización en contra de los ocho imputados por las amenazas de muerte recibidas por la poco imparcial Ximena Chong, la cual fue la encargada de enjuiciar al carabinero envuelto en la situación del joven que cayó al rio Mapocho mientras realizaba destrozos en la vía pública. Las dos mujeres y los seis hombres fueron formalizados en el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo la responsabilidad del fiscal regional Centro Norte, el fiscal Francisco Jacir.

No se les imputo solo por el delito de amenazas, sino que también por la infracción de Ley de Armas por poseer una UZI entre los objetos encontrados en los allanamientos realizados. La carta de amenaza fue entregada por dos motociclistas, los cuales entregaron la carta al hijo de Ximena Chong, uno de los fanáticos de la insurrección, lo cual ustedes pueden constatar de manera pública en sus redes sociales. Esta carta fue entregada hace aproximadamente un mes atrás, por lo que la PDI estuvo investigando la localización de los imputados, los cuales fueron allanados el día de ayer con una orden judicial en siete domicilios.

Lo que encontraron en los allanamientos fueron cascos, escudos de madera, pistolas a fogueo y una UZI. Nos encantaría que la justicia y la PDI funcionara con esta eficiencia y rapidez en los casos de terrorismo, narcotráfico y asesinatos que han sufrido los chilenos de manera exponencial desde el octubre pasado, pero sabemos que en Chile la justicia tiene un criterio distintivo para lo que ellos consideran ciudadanos de primera y segunda categoría según su pensamiento político.

Los imputados son participantes del grupo ATP, lo que se traduce como “Aún Tenemos Patria”. Grupos como éste se han conformado con el objetivo de hacer un frente a las amenazas e intentos de dañar físicamente a ciudadanos adeptos a las marchas del “Rechazo” en las marchas previas al plebiscito, donde resultaría ganadora la opción que produciría el avance del profundo daño ocular hacia los ciudadanos por parte de los politicos al enterarse que votaron por un enorme engaño que mantendrá a Chile en situaciones sumamente difíciles y en aumento de su deterioro. Además, se encontraron afiches en contra del poco democrático Partido Comunista, del fiscal nacional Jorge Abbot y de eso que llaman “la cuestión mapuche”.

Según las palabras del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien no dio mucha importancia a los “utensilios” encontrados por la PDI, pero a lo que sí le dio importancia fue a la submetralladora UZI, la cual es un arma prohibida en nuestro país, el hecho “es inaceptable por una simple razón. La democracia y el Estado de derecho se basa en que aquellas personas que tienen que tomar decisiones, a veces muy difíciles, lo tienen que hacer para que una democracia funcione y para que el Estado de derecho rija plenamente”. Impresionante el nivel de preocupación, palabreríos en general, pero al parecer que esa seriedad en los procedimientos afecta solo para un lado de la moneda. No se nos olvide el caso de la semana pasada donde unos “los nietitos de la Jiles” también realizo una amenaza a la senadora Goic, pero quedó sepultada en el olvido.

El perfil de los imputados era de entre 20 a 50 años, todos profesionales y sin antecedente alguno. También podemos escuchar las palabras del nuevo Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien dijo que “como Gobierno de Chile no avalamos ningún acto violento, como Gobierno de Chile no avalamos ninguna amenaza a ningún ciudadano ni ciudadana, y menos a personas que tienen cargos relacionados con la toma de decisiones relevantes en este país con respecto a una investigación, respecto a definir políticas públicas, con respecto a personas que han sido electas por votación popular, personas de alta exposición”.

Lógicamente también llamo a entender la importancia del “Estado de Derecho”, ese concepto tan utilizado, que sale a borbotones de los cobardes que se supone, deben velar por la seguridad de los ciudadanos. Pero en la realidad, al igual que durante todos estos meses, son palabras vacías. Palabras que buscan aplicar la ley para algunos, y no para todos por igual, como debería ser. Fíjese también en un pequeño detalle que no es menor, Delgado ya se encuentra alineado con el uso del lenguaje deconstructivista, eso de “ciudadana y ciudadano” sabemos cómo terminas, quizás los documentos oficiales del gobierno terminen siendo escritos con una “X” entre medio de las palabras para no dañar los frágiles sentimientos de los nenes al igual que en Argentina.

La persona que poseía el arma esta arriesgando una de las penas más altas del ordenamiento jurídico, lo que podría ser entre 3 a 10 años de prisión, manteniéndose en prisión preventiva. Los otros imputados quedaran con cautelar de firma mensual en la primera comisaría de Santiago desde la primera semana de diciembre según la formalización publica del Poder Judicial. Lo que es interesante analizar sobre esta situación, es como la ventana o margen de la justicia se ha ido moviendo a favor de la izquierda. Aun no encontramos a los terroristas que asediaron Chile de manera organizada en octubre del año pasado. Aun vemos a detenidos que son puestos en libertad, aunque tengan decenas de arrestos previos, no vemos esa subyugadora ley que se supone ser ciega frente al narco trafico que se ha a adueñado de sitios como Plaza de Armas y Bellavista, el terrorismo, el ingreso de inmigrantes ilegales, o el enorme aumento de la exportación de drogas desde nuestros puertos.

Más allá del juicio de valor que podrán realizar estimados espectadores, sobre si es o no correcto el actuar de estos ciudadanos, la conclusión es simple, hoy en Chile no se puede contar con el apoyo de la ley en su máximo rigor si no se es familiar, amigo, o compañero de algún político o activista de izquierda. Ni hablar del uso de la ley a favor de nuestras instituciones de orden, uno de los sueños mojados para estos infiltrados en la justicia, es su abolición y desamparar a los ciudadanos que respetan y desean mantener a flote la institucionalidad de nuestro país y constitución que nos llevo a los mejores 30 años de nuestra historia.