Indigenistas exigen todo el borde costero de Coronel y pescadores anuncian que ofrecerán "guerra en la calle"

Aprovechando las ventajas que ofrece el proyecto constitucional para los indigenistas radicales en desmedro de la población chilena, la constituyente ultraizquierdista Amaya Álvez (Revolución Democrática) presentó junto a su estudio de abogados una solicitud para otorgar todo el borde costero de la comuna de Coronel a la soberanía autónoma de grupos indigenistas, uno de ellos ni siquiera residente en la zona.

Se trata de un supuesto “butanmapu”, nombre ficticio con el cual Álvez fundamenta su solicitud firmada por el subsecretario de pesca, Paulo Sepúlveda. El ente beneficiado es la llamada “Asociación de Comunidades Indígenas de Coronel”, la cual está compuesta por las comunidades Fotun Pu Lafken, Huenullanca y Marihuen, esta última no es residente de la zona en disputa.

La directora zonal de pesca en Bio Bio, Lilian Troncoso, explicó: “Inmediatamente, todas aquellas solicitudes de concesiones que estén en trámite en la zona que se está solicitando, quedan detenidas, porque la ley establece que la solicitud de los espacios costeros de pueblos originarios, es prioritaria”. Por lo tanto, por un rango de hasta cuatro años no se podrán generar concesiones que permitan el desarrollo económico en la zona, hasta que se defina si se les regala este territorio a los demandantes.

Como ha indicado Radio Bio Bio, en la zona podemos encontrar “el Puerto de Coronel, una decena de industrias pesqueras, además de actividades relacionadas con las termoeléctricas de Enel y Colbún, y múltiples labores de carga y descarga de diferentes productos, a lo que se suma la extracción del sector pesquero artesanal".

El trámite se acoge en virtud de la llamada “Ley Lafkenche” (N° 20.249) del año 2008, según la cual el Estado permite que indígenas reclamen reconocimiento y protección de borde costero. El siguiente paso burocrático será la recepción de informes de la INADI sobre el uso histórico del borde costero por parte de los pueblos que lo reclaman, y finalmente el Comité Regional de Uso de Borde Costero debería tomar una decisión final.

Si se le regala el borde costero de la comuna a los indigenistas, estos en teoría deberían generar un plan de administración que contemple el rol que tendrán las actividades económicas realizadas por los no-indígenas, las cuales son la gran mayoría de las actividades pesqueras e industriales de la zona. En suma, serían los indigenistas los encargados de la administración del borde costero.

Fuera de los trámites burocráticos que este caso requiere, la importancia radica en que se sienta un precedente en caso de que se apruebe el proyecto de constitución plurinacional que propone la ultraizquierda, lo cual no solo permitiría garantizar el traspaso del borde costero a las comunidades indígenas, sino que ampliaría su poder de veto sobre las actividades económicas que ya se realizan en la zona. Esto pone en evidencia que, de aprobarse el texto constitucional, se da pie al inicio de una guerra civil.

Como muestra de ello, los primeros en reaccionar a esta solicitud han sido los pescadores de la zona, quienes han planteado que ejercerán una dura y legítima resistencia en contra de la amenaza que es para ellos que se le entregue el borde costero de la comuna a los indigenistas. En concreto, Hugo Arancibia, presidente de la Federación Regional de Pescadores Artesanales (FEREPA), advirtió de forma contundente: “se va a ver un conflicto, un conflicto que va a explotar pronto en la calle. Primero van a ser pescadores por esta seguidilla de actuaciones del mundo indígena (…) la Ferepa está apoyando este movimiento, porque no estamos disponibles para entregar estos espacios que han sido ocupados, para que hoy día se nos cobre un peaje”.

Arancibia, además, remarcó que la violencia indigenista ya ha hecho estragos en el trabajo de los pescadores, indicó: ”Hace poco tiempo atrás hubo un ataque de pescadores de Tirúa contra embarcaciones artesanales que estaban pescando en esa zona”.