HRW exige a Chile cesar deportación de inmigrantes pero el Gobierno argumenta que se apega a la Ley
Human Rights Watch, a través de su principal vocero José Miguel Vivanco, exigió al Gobierno poner fin a las deportaciones de ciudadanos venezolanos que ingresan por pasos no habilitados y asegurar que éstas cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch.
Según el ente observador se estaría violando el derecho de los inmigrantes a buscar una vida mejor. Pero no es menos cierto que el ingreso intempestivo de venezolanos, en su mayoría, ha generado graves situaciones de inseguridad, salud pública, hacinamiento, carencia de servicios y muchos problemas en Chile, en especial en su capital y otras ciudades fronterizas como Colchane, donde el número de inmigrantes superó al de la población ante la llegada de más de 1.800 personas que entraron al país por pasos no habilitados.
“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”, manifestó Vivanco, quien agregó que “es contradictorio que el gobierno chileno condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.
Se estima que más de 457.000 venezolanos viven actualmente en Chile. La mayoría está en el país de manera legal, pero, desde 2019, las políticas gubernamentales migratorias han hecho que les resulte cada vez más difícil solicitar y obtener visas o refugio, lo cual limita las opciones disponibles para regularizar su situación.
En abril, el gobierno anunció que tenía previsto deportar a 1.500 personas de distintas nacionalidades en 15 vuelos chárter durante el 2021. Según cifras oficiales obtenidas por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), el gobierno había deportado a 294 personas hasta el mes de abril. La mayor parte eran venezolanas.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó que este es un mecanismo apegado a la ley. “Porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”.
El Ministro del Interior Rodrigo Delgado señaló que estas deportaciones se llevaron a cabo en coordinación con las autoridades venezolanas. Una vez consumadas las deportaciones, la Corte Suprema ordenó a las cortes de apelaciones que, en el futuro y en caso de ser necesario, trabajaran fuera del horario regular de los tribunales para conocer recursos de amparo urgentes, como los presentados a favor de las personas detenidas para ser deportadas.