Hasta Argentina se volvió competitiva frente a Chile gracias a Royalty del PC

El proyecto de royalty minero al cobre y al litio sigue siendo un tema generador de controversias en las difentes instancias legislativas. Una iniciativa -de cuestionable factura técnica- que establece un agresivo impuesto a la actividad minera ha sido calificado de peligroso para la economía chilena, que produjo el año pasado, solo en cobre, 5,8 millones de toneladas, de acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Esto es más de una cuarta parte del suministro cuprífero mundial.

La Asociación de Industriales del Norte que reúne a gremios de Iquique, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, señalaron a través de un comunicado que la iniciativa “arriesga perder una oportunidad muy importante para el país. Y están en lo cierto.

La minera canadiense Lundin Mining, quien también tiene proyectos en Argentina, Brasil y Perú, expresó en un comunicado la posibilidad de abandonar las explotación de los recursos mineros en Chile ante la punitiva carga fiscal adicional que le estarían aplicando con este impuesto confiscatorio.

Este gigante minero, que recientemente gastó US$ 1.000 millones mejorando su operación de cobre en Chile, monitorea la redacción de la nueva Constitución para apostar por otro proyecto en este mismo continente.

"Vamos a esperar y ver antes de poner demasiado dinero y estoy seguro de que todos los demás están haciendo lo mismo", dijo Lukas Lundin, presidente de esta empresa, en una entrevista el martes. "Si hay demasiada incertidumbre en el próximo año, año y medio, obviamente no presionaremos el botón", metáfora que claramente indica que cesarían las operaciones en nuestro país.

Ya en Perú ven con ojos esperanzados esta ley de royalty y comienzan a saborear los ingresos que tendrá el país inca con la fuga de capitales según lo evidencia un reportaje del diario Gestión, en el que se adelanta que una eventual promulgación de la moción parlamentaria les abre oportunidades.

Según el Directorio Minero de Chile, son 107 grandes empresas mineras las más importantes del país las que están pidiendo reglas estables y favorables. Afirman a través de Cochilco que depósitos gigantes han visto a Chile convertirse en el proveedor dominante de cobre mundial, mientras que la política volátil y poco ortodoxa de Argentina ha limitado el desarrollo de su vasta riqueza mineral.

Esa brecha de riesgo puede estar a punto de reducirse después de que Chile eligiera una asamblea que coloca la redacción de una nueva Constitución en gran parte en manos de la izquierda, dejando a las minas vulnerables a reglas más estrictas. La votación del fin de semana también puede agregar impulso a un proyecto de ley para crear una de las cargas fiscales más pesadas de la industria.

“De aprobarse el proyecto en las actuales condiciones, la industria minera tendría una carga impositiva total de hasta un 82%, es decir, el doble de lo que pagan otros países productores, cuyos impuestos giran en torno al 40%. Esto es prácticamente expropiatorio, debiendo utilizar el capital para pagar impuestos”, precisan los gremios en el comunicado.

La minería del cobre ha contribuido enormemente al desarrollo de Chile, qué duda cabe. En la última década entregó cerca de US$100.000 millones al fisco y en 2018 aportó el 10% del PIB y un 55% de las exportaciones, esto es cerca de US$35.000 millones. Es un aporte notable al crecimiento del país.

Desde el Gobierno aseguraron que el proyecto generaría una carga impositiva que doblaría a la de otros países productores de cobre, lo que afectaría la competitividad de Chile en el mercado. Un análisis que comparte el profesor Gustavo Lagos, académico del Departamento de Ingeniería de Minería de la UC.

“La Comisión Chilena del Cobre hizo un cálculo de cuánto significaba este royalty en términos reales de tributación efectiva, y representa más de un 80%“. Por tanto, “cuando usted cobra un 82% de las utilidades a cualquier empresa, obviamente esa empresa no puede funcionar”, dijo el reconocido académico.

Este martes la Comisión de Minería y de Hacienda, se derivó el proyecto, luego que la Sala del Senado se pronunciara a favor de la admisibilidad de la iniciativa con 18 votos a favor y 13 en contra.

Desde la Cámara Alta, el senador Juan Antonio Coloma argumentó que “este proyecto hace referencia a un tributo, un impuesto. Aunque se plante como una compensación económica, estamos frente a un impuesto y ello es materia del Ejecutivo”.

En la misma línea argumentaron los congresistas Luz Ebensperger (UDI), Felipe Kast (Evópoli), Claudio Alvarado (UDI) y José García Ruminot (RN). También indicaron que “la Constitución y las instituciones deben ser respetadas siempre, por lo que declarar admisible el proyecto significa contravenir estas normas”.

Y es que el artículo 65 de la Carta Fundamental le concede esa faculta únicamente al primer mandatario: "Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva para “imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes, y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”.

Sin embargo los parlamentarios de izquierda, que ven la oportunidad de sabotear las arcas del gobierno esperando que la huida de las empresas mineras cause efectos presupuestarios negativos al oficialismo, han visto una oportunidad de atacar el flanco más productivo de la economía chilena con el fin de obtener réditos políticos en su favor, aunque esto vaya en desmedro de las balanzas del país.Una lucha que a todas luces es política.

Además es una medida populista que en menos de 3 años sería inaplicable pues gran parte del sector minero goza de invariabilidad tributaria hasta al menos 2023, por lo que recién a partir de 2024 paulatinamente se podrían hacer uso de estos nuevos recursos

Utilizan la profunda crisis económica que ha vivido el país luego del estallido delictual y la pandemia, para proponer “soluciones” que involucran nuevos gravámenes, expropiación o cambios regulatorios con severos efectos económicos sobre algunos sectores. En este contexto se diseñó esta moción parlamentaria que busca aumentar los gravámenes a la industria minera justamente para financiar ayudas a las familias.