Fuertes críticas a la CC por intentar sustituir el trabajo de los jueces al querer liberar a delincuentes del estallido

El proyecto de indulto general por razones humanitarias a los llamados presos del estallido continuará este jueves en la cuarta jornada de discusiones de la Convención Constitucional. Sin embargo desde el Gobierno han sido enfáticos en negarse a acatar cualquier decisión al respecto.

en horas de la tarde se refirieron a la demanda por parte de 64 constituyentes para acelerar la tramitación del Proyecto de Ley de Indulto General que actualmente está en la Comisión de Constitución del Senado.

“Están algunos de ellos (los constituyentes) tratando de forzar que la Convención defina lo que tienen que hacer los jueces precisamente en esta materia. Ya hay algunos que quieren que la Convención diga ‘jueces, tiene que dejar en libertad a los presos’”, declaró el ministro de Justicia, Hernán Larraín.

A esta idea se sumaron Yasna Provoste, presidenta del Senado quien dijo que "el proyecto es una respuesta democrática a un problema político que enfrenta nuestro país". Su homólogo en la Cámara de Diputados Diego Paulsen que: "torcer resoluciones judiciales no puede ser por cierto la prioridad de la Convención Constitucional".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado fue otra voz que se sumó contra la intención de los 64 convencionales y dijo que eso no era un indulto, sino una amnistía disfrazada, pues además pretenden que se borren todos los efectos legales que han conllevado estos actos delincuenciales.

Mientras tanto, desde el Palacio de Pereira la izquierda han pausado la principal responsabilidad de los convencionales como lo es redactar una nueva Constitución para buscar indultar a quienes cometieron actos delictivos en las revueltas del los primeros días después del 18 octubre de 2019 y que afectaron esencialmente a establecimientos comerciales como supermercados, farmacias y otros. En la lista aparecen imputaciones por desórdenes públicos pero además por incendio y acciones con bombas molotov, además de homicidio, saqueos, robos y muchos otros delitos que se cometieron durante estos días.

Según catastro de la Fiscalía Nacional hay 25 adultos, que han estado privadas de libertad capturados infraganti por delitos que van desde lanzar bombas molotov hasta el homicidio, por lapsos que oscilan entre los 22 y los 581 días.

Son 25 son adultos y uno está imputado por homicidio consumado y 3 homicidios frustrados. Otros 3 están imputados por activación o lanzamiento de bombas molotov. 7 más por provocar incendios, 2 están imputados por robo con intimidación o violencia. Hay 4 detenidos por robo en lugar no habitado y 3 por porte ilegal de armas y otros por diversos delitos.

Recordemos que el director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, descartó que los detenidos por el estallido social en Chile sean presos políticos y consideró que sería un “grave error” ofrecerles un indulto genérico.