Chile bajo dictadura parlamentaria

El día 25 de abril del año 2015, el régimen socialista de Michelle Bachelet modificó en nuestro país un elemento clave de toda democracia, el sistema electoral, esto fue parte de sus medidas para pasar una llamada “retroexcavadora” en nuestro país, con el propósito de empezar la demolición programada de nuestra institucionalidad política y económica, demolición que hoy continúa el centroderechista Sebastián Piñera.

El sistema electoral nuevo, que fue probado el año 2017 con la elección de diputados y senadores, demostró las verdaderas consecuencias políticas de este sistema: aumentar la fragmentación militante de izquierda radical en el parlamento mediante el ingreso de diputados con porcentajes ridículos de votación. De forma concreta, 31 diputados obtuvieron su escaño con menos del 5% de los votos, siendo varios de ellos artífices del bloqueo a todas las iniciativas del gobierno y cómplices de las oleadas de terrorismo que ha vivido el país desde octubre de 2019 con el fin de sumir a nuestra patria en el totalitarismo.

Destacan por ejemplo los neomarxistas del Frente Amplio Gonzalo Winter, con un 1,2% de los votos y Natalia Castillo con el 1,02% quien además hizo noticia hace unas semanas por la acusación en su contra de elusión en el pago de contribuciones en millonarias propiedades a su haber. También de la misma coalición izquierdista Catalina Pérez con un 3,76%, Camila Rojas con un 4,61%, Jorge Brito con un 4,13%, Claudia Mix con un 4,24%, Pablo Vidal con un 2,89%, Renato Garín con un 3,82%, Alejandro Bernales con un 4,5%, y podríamos añadir a los humanistas Diego Ibáñez con un 2,89% y Raúl Alarcón, conocido como “Florcita Motuda” con un 2,68%.

Es decir, una cantidad no menor de frenteamplistas especialistas en generarle problemas a todos los chilenos por su forma infantil y violenta de hacer política entró gracias a este absurdo sistema que bajo el argumento de dar “más representatividad” lo que hace es permitir el ingreso de personajes que no representan a casi nadie.

Otros ejemplos notables son los comunistas Boris Barrera con un 1,29%, Amaro Labra con un 1,82% y, ojo aquí, la exguerrillera Carmen Hertz con un 3,78%. Literalmente una miserable votación para una mujer que se cree con el derecho de postular una ley mordaza con la cual silenciar a millones de chilenos que no comparten su peculiar forma de mirar la historia, con penas de cárcel para usted si no piensa como ella.

Por otra parte, el centrista Piñera, fue electo con un 54,58% de los votos de la población que no se abstuvo de votar también en 2017. Esa amplia mayoría de chilenos prefirió el programa de fortalecimiento económico del candidato de la centroderecha socialdemócrata en vez del programa neomarxista del candidato Alejandro Guillier cuya base fuerte de campaña era coordinada por el Partido Comunista en conjunto con los más radicales de la ex Concertación.

Entonces vendría el problema, el parlamento con una mayoría izquierdista gracias al pernicioso sistema electoral recién inaugurado empezó a operar como una máquina de obstrucción a los proyectos del gobierno en materia de pensiones, tributación y ley antiterrorista, entre otros, hasta que vino el gran golpe. En octubre de 2019 una revuelta anarco-comunista amenazó con derrocar al gobierno utilizando el descontento generado por años de discurso y la violencia terrorista que incluyó la quema de decenas de estaciones del metro y saqueos organizado entre anarquistas y narcotraficantes colaborando en distintos puntos de la capital.

En ese momento, y demostrando que la izquierda parlamentaria es cómplice de los movimientos de izquierda extrema que buscan instaurar un régimen totalitario, con el apoyo de varios parlamentarios centroderechistas sin principios, el Congreso llegó a un supuesto acuerdo por la paz con el cual determinó que la única salida era derribar nuestra Constitución e instaurar una nueva de corte más socialista. A vista de los insurrectos y haciendo caso a la doctrina del Partido Comunista, nuestra Constitución respeta demasiado la libertad y la propiedad privada y eso es un problema para ellos. Digamos que mientras estos diputados llamaban al plebiscito ilegítimo que abriría un proceso constitucional irregular, ese mismo Congreso no tenía más que un 3,2% de aprobación, por lo que este acuerdo por la paz es válido de ser llamado ilegítimo en su esencia.

Desde entonces la izquierda radical domina nuestro país por vía del grito, la violencia y el show comunicacional, la más explícita al respecto es la diputada del Partido Humanista Pamela Jiles, quien se encuentra liderando la subversión y demolición de nuestra República bajo el completo silencio de la centroderecha que no es capaz de frenar la degeneración y decadencia que se está promoviendo.

Jiles se encuentra ganando popularidad tras haber sido clave en la convocación de menores de 25 años a votar por el “apruebo” y conformar la guerrilla urbana para agredir a Carabineros, además de eso se presenta a sí misma como la artífice de la demolición de la capitalización individual de las pensiones para dar paso a un fracasado sistema de reparto para el cual serán expropiadas por los políticos los ahorros de millones de chilenos que ilusamente la aplauden debido a la ignorancia que han causado décadas de populismo e irresponsabilidad.

A tal punto hemos llegado que Jiles se da el gusto de insultar a todos los políticos de izquierda o derecha que critiquen cualquier cosa racionalmente cuestionable del proceso de destrucción de nuestro país, al punto que se siente capaz de negociar por sí sola la destitución de ministros, y el grado en el cual van a ser destruidas las AFP.

Jiles es la punta del iceberg de la degeneración política que se vive debido al avance de una izquierda radicalizada y una centroderecha ignorante y débil que están marcando el rumbo del porvenir de las políticas públicas de los próximos años. Sin representar a nadie han destruido este país y se niegan entre otras cosas a reestablecer el orden público porque el violentista y el terrorista han pasado a ser aliados de esta nueva clase política, mientras que las fuerzas de orden son llamadas a ser perseguidas por el mismo Estado y la sociedad civil, básicamente el mundo al revés que según nos enseña la historia es la antesala de un régimen comunista.

Dentro de estas medidas de persecución política se encuentran las patéticas acusaciones constitucionales con las cuales han intentado destruir el gabinete de Piñera especialmente cuando los ministros están haciendo algo medianamente bien. Es el caso del ex ministro del Interior, Víctor Pérez, quien sin que estuviera haciendo mucho, fue acusado por la caída al río Mapocho de un terrorista antipatriota mientras atacaba a Carabineros y uno de ellos lo rozó mientras hacía su trabajo sometiendo a este insurrecto, el cual en una mala maniobra se cayó.

También fueron sometidos a acusaciones constitucionales infructuosas la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, los ex ministros de salud Emilio Santelices y Jaime Mañalich, este último por desobedecer las erráticas decisiones de la OMS en torno al virus chino, el intendente de la Región Metropolitana Felipe Guevara por defender el orden público frente a insurrectos, y por la misma causa, la única acusación constitucional que sacaron con éxito fue al ex ministro del Interior, Andrés Chadwick.

El ex ministro de Hacienda del presidente Eduardo Frei, Eduardo Aninat, indicó, siendo él mismo de centroizquierda, que estamos frente a la peor Cámara de Diputados de la historia, y tiene completa razón, en este momento vale más la opinión de los operadores políticos que empiezan a planificar la expropiación de millones de pesos usando de excusa las causas de la agenda deconstruccionista de la izquierda que la opinión de cualquier patriota o incluso los tontos útiles que creían que serían realmente representados por fin.

Digamos que un diputado cuesta alrededor de $21 millones de pesos mensuales; esto es, casi $250 millones de pesos al año. Siendo 155 los ‘honorables’ diputados, el costo anual supera los $38.500.000.000. Es decir, ese esa es solo una parte del precio que estamos pagando por el triste suicidio de nuestro país.