Carabineros se querellan por tratos degradantes en su contra tras detención por cumplir con su deber
Los carabineros Ricardo Luengo (dado de baja) y Hugo Navarro, detenidos en el marco de cumplimiento de sus deberes durante la insurrección anarco-comunista de 2019, presentaron una querella criminal contra el ex-alcaide del Centro de Detenciones Transitorio de la Sexta Comisaría Las Compañías, Rodrigo Hidalgo Leighton, y contra quienes resulten responsables, por apremios ilegítimos. La acción judicial fue declarada admisible por el Juzgado de Garantía de La Serena.
Hidalgo hoy es comisario de la Segunda Comisaría de Antofagasta y se le acusa de mantener en condiciones infrahumanas a Luengo y Navarro, las cuales les han provocado secuelas físicas y psicológicas. El abogado querellante José Riquelme declaró:
“Una cosa es que estén privados de libertad y otra es que tienen derechos humanos básicos. Entre estos, está el que puedan tener salidas diarias a salón patio, visitas conyugales y comunicarse con los abogados y con sus familias, entre otros. Puntualmente, lo que denunciamos en la querella dice relación con estos tres derechos humanos, que además, de manera objetiva, se materializaron en resoluciones dictadas por el alcaide, que significaron la restricción de los mismos”.
En efecto, en la Resolución 44, documento firmado por Hidalgo, se les dio a los Carabineros detenidos solamente derecho a transitar por un pequeño pasillo, pero sin acceso al patio, y se prohibieron las reuniones conyugales presuntamente por no tener las instalaciones las condiciones para ello. Luengo y Navarro estuvieron 5 meses en dichas condiciones.
El abogado Riquelme indicó, además, que sus representados solicitan que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se haga parte de la causa. Este organismo es querellante por las causas que mantienen recluidos a Navarro y Luengo, por lo cual, de rechazar la solicitud, se demostraría un sesgo anti-policial basado en premisas ideológicas.
Cabe recalcar que el ex-Carabinero Luengo, el 20 de octubre de 2019, cumpliendo con su deber disparó contra un insurrecto en Coquimbo, tras lo cual debió usar la fuerza contra personal de prensa que estaba en el área por entorpecer las labores policiales. Debido a esto se le acusa de apremios ilegítimos, detención ilegal, falsificación de instrumento público y obstrucción a la investigación.
Por su parte, el capitán Hugo Navarro, el 19 de octubre del mismo año, usó su arma de servicio contra un insurgente en Ovalle, por lo cual se lo acusa de homicidio frustrado, falsificación de instrumento público y detención ilegal.